Llevo seis años esperando a que el gobierno me diga si debo devolver tres mensualidades de Renta Básica de Emancipación, la ayuda al alquiler creada en 2007 para trabajadores menores de 30 años e ingresos anuales inferiores a 22.000 euro. La disfruté solo seis meses. Cuando superé el límite de ingresos, cosa que puede ocurrir si un joven se emancipa y se lo curra, comuniqué el cambio y esperé. Un año después me llegó un SMS notificando que debía devolver tres mensualidades porque mis ingresos habían superado por poco el límite. Pero desde entonces no recibí carta alguna, nada con valor oficial.
Si quienes diseñaron la RBE hubieran investigado cómo funciona el trabajo en el sector privado, se habrían percatado de que un límite anual de ingresos no es un criterio razonable para detener una ayuda. Hay una casuística muy amplia que no está cubierta por la ley: un bonus inesperado, un aumento de salario con efecto retroactivo, unas charlas remuneradas, o incluso otra ayuda pueden alterar de forma imprevisible los ingresos brutos anuales. Un trabajador joven piensa en meses, semanas, incluso días. Un año es algo muy difícil de planificar. Yo no lo conseguí: mi 2010 fue bastante movido.
Guardo desde entonces una carpeta llena de instancias, documentos y recibos fruto del carteo a tres bandas con el gobierno central y la Generalitat de Catalunya. En seis años he contactado media docena de veces con el Defensor del pueblo, me he personado diez veces en la oficina de vivienda del barrio a pedir información, y he efectuado tantas llamadas y reclamaciones que he perdido la cuenta. Incluso he enviado preguntas al gabinete de prensa de la consejería catalana de vivienda. Todo para nada: Fomento y Generalitat se pasan la pelota y nadie quiere admitir lo mal que se está gestionando la ayuda.
Un irónico pasaje del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, que regula la RBE
En esta situación kafkiana se hallan miles de jóvenes. No saben ni cuándo ni cómo el gobierno les reclamará las cantidades que les sirvieron para pagar el alquiler en un país donde la edad media de emancipación es de 29 años -diez más que en Suecia-. Hay quien se aferra a la esperanza de que los gobiernos regionales detengan la tragicomedia; otros hablan de recoger firmas o montar un pleito. Pero la mayoría se ha resignado a esperar la dichosa carta y a enviar alegaciones de inmediato. Nunca devolver una ayuda ha sido tan complejo.
Pensad por un momento en lo que significa ser joven y no poder hacer planes para el futuro porque el peso de una burocracia malnacida y muda podría caer sobre ti de repente y devorar todos tus ahorros y esperanzas. Pensad en lo diabólico que ha resultado ser este pacto llamado RBE, cuyo propósito inicial era hacer progresar toda una generación de españoles y que, en lugar de conseguirlo, ha acabado chupando su energía. Me cuesta imaginar el cinismo de quien, tras comprobar el defecto de la ley, ha defendido su eficacia.
El gabinete de prensa de Habitatge se encoge de hombros. Leed las demás respuestas
Para todos los afectados es una ayuda que no solo ha salido muy cara, sino que ha roto por completo su confianza hacia las instituciones. Mucho tiempo habrá de pasar antes de que los antiguos beneficiarios de la RBE vuelvan a solicitar una ayuda oficial, si es que antes no abandonan el país y se mudan a otro cuyo gobierno se tome más en serio su labor social. Si los jóvenes antes veían el Estado como garante del estado de bienestar y de la protección del más débil, ahora ya no están tan seguros de ello. Es un daño enorme e irreparable.
Si el mal existe, se parece a la indiferencia de un alto funcionario de Fomento.
Actualización (04/05/2016): he recibido la resolución del Síndic de Greuges. Leedla aquí.